La trazabilidad es uno de los aspectos más importantes en la gestión de la producción dentro de una bodega. Consiste en el conjunto de procedimientos que permiten conocer todos los pasos que ha realizado un producto y sus componentes desde el origen hasta que llega al consumidor. En el caso de las bodegas, contar con un sistema de trazabilidad es obligatorio a nivel legal, puesto que son empresas integradas en el sector alimentario. Pero no contar con un seguimiento correcto y actualizado de toda la cadena de producción y suministro acarreará además problemas relacionados con la mala gestión, la ineficiencia y un riesgo muy alto de perjudicar el prestigio de la marca.
Incapacidad para reaccionar rápidamente frente a un producto defectuoso
El objetivo principal de la trazabilidad en bodega es garantizar la posibilidad de seguir el rastro del vino durante todas las etapas de producción para que sea posible una localización rápida del producto en caso de fallos en la calidad o crisis alimentaria. Si una bodega no cuenta con un sistema de trazabilidad correctamente establecido y actualizado, es posible que no sea capaz de identificar el lote de productos defectuosos ni sus puntos de distribución con la celeridad suficiente. También será mucho más difícil identificar el origen del fallo, puesto que no contará con la información que relaciona cada lote con los proveedores ni con las condiciones de producción específicas a las que ha sido sometido.
Altos costes en caso de retirada de productos
La incapacidad para reaccionar de manera adecuada frente a una alerta o crisis alimentaria tiene unos costes muy altos para una bodega, en todos los sentidos. Si la empresa no cuenta con un sistema de trazabilidad que permita identificar el lote defectuoso, no tendrá la capacidad para delimitar los productos implicados y, por tanto, la cantidad de producto que deberá inmovilizar o retirar del mercado será mayor, con el consiguiente coste económico.
Por otro lado, una actuación lenta en la identificación y retirada del mercado de las botellas defectuosas tendrá un impacto muy negativo en la confianza de clientes y proveedores. La imagen de la marca se verá seriamente afectada en la medida en que la bodega no sepa reaccionar con la mayor rapidez, delimitando el problema y ofreciendo la información con total transparencia a las autoridades competentes. Cuanto más tarde en identificar el problema, localizar el producto defectuoso y efectuar su retirada, más grandes serán los costes en cuanto a pérdida de prestigio.
Ineficiencia y fallos en la gestión
Cuando hay un lote de productos defectuoso, los sistemas de trazabilidad no solo permiten localizarlo rápidamente en cualquier punto de la cadena, también son una herramienta que permite identificar las causas que han ocasionado el problema. Si la bodega no cuenta con una trazabilidad adecuada, tendrá muchas más dificultades para detectar el origen del fallo de calidad, que puede ser debido tanto a defectos en la materia prima o materias auxiliarse como a errores en el proceso de fabricación, envasado, almacenamiento o transporte. Esta información es imprescindible de cara a subsanar el fallo y evitar que se repita.
Además, los sistemas de trazabilidad de las bodegas cuentan con otras funcionalidades muy útiles para mejorar la eficiencia en la gestión y la planificación empresarial. No llevar a cabo un registro actualizado de inventarios y almacenes, ni un seguimiento ajustado de los precios de las materias primas, costes de producción y beneficios, hará más difícil optimizar los recursos materiales, humanos y logísticos de la empresa.
Sanciones por incumplimiento de la normativa
La normativa 178/2002 de la Comisión Europea establece la obligación de implantar sistemas de trazabilidad en todos los productos alimentarios. Eso significa que todos los fabricantes de alimentos, incluyendo las bodegas, están obligados legalmente a cumplir unos requisitos de trazabilidad muy exigentes para poder adherirse a las normativas internacionales de seguridad alimentaria.
El no cumplimiento de esta normativa conlleva sanciones a las empresas responsables y puede suponer también responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales en caso de que su incumplimiento implique serios riesgos para la salud pública y la seguridad alimentaria.
